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SENTENCIA DE 30 AÑOS DE PRISIÓN PARA EL FEMINICIDA DE UNA JOVEN QUE FUE MANIATADA, ESTRANGULADA Y QUEMADA EN CHIMORÉ

Publicado05/08/2026 11:56:52
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Prensa FGE, Cochabamba (04.08.2026).– El Fiscal Departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina Ríos, informó que el Ministerio Público logró demostrar, mediante una investigación objetiva, técnica y científica, que Jhobany P. A., de 24 años de edad, es autor del delito de Feminicidio cometido en contra de su pareja Marina J. S. M., de 23 años, quien fue apuñalada y estrangulada, por ello, el Tribunal de Sentencia, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa Tunari dictó 30 años de presidio, sin derecho a indulto, a cumplir en el penal de máxima seguridad de El Abra, en el municipio de Sacaba.
Cochabamba
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“El Ministerio Público presentó suficientes elementos de prueba que permitieron demostrar la responsabilidad penal del acusado en este hecho de Feminicidio. Gracias a una investigación técnica, científica y objetiva, se obtuvo una sentencia ejemplar que garantiza justicia para la víctima y su familia”, señalo Tejerina.

Por su parte, el Fiscal asignado al caso, Fabio Velasco, explicó que el hecho se registró el año 2024, cuando los familiares de Marina alertaron su desaparición y que la misma ya no respondía las llamadas. El 29 de diciembre familiares de la víctima lograron ingresaron al ambiente donde residía y la encontraron sin vida. El cuerpo presentaba las manos y los pies atados, signos de estrangulamiento y múltiples heridas provocadas por un arma punzocortante.

Las investigaciones permitieron establecer que Jhobany P.A., inmovilizó a la víctima amarrándole las manos y el cuello con un cable de extensión eléctrica, para posteriormente estrangularla y atacarla con un arma punzocortante, provocándole la muerte. Asimismo, se determinó que, después de cometer el crimen, el sujeto intentó quemar el cuerpo con la finalidad de ocultar el hecho y posteriormente sustrajo el teléfono celular, una computadora portátil y la camioneta de la víctima.

Durante las investigaciones, el Ministerio Público logró identificar a la persona que adquirió el vehículo de la víctima, estableciéndose que fue el sindicado quien realizó la venta del motorizado, elemento que, junto con las demás pruebas colectadas durante la investigación, permitió fortalecer la acusación presentada y obtener la sentencia condenatoria de 30 años de presidio.